Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública riesgo para los derechos humanos: CNDH

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El acuerdo por el que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dispondrá de las Fuerzas Armadas para la seguridad pública de México no tiene certeza jurídica y conlleva a graves riesgos para el respeto y garantía de los derechos humanos, declaró la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Después de que dicho Acuerdo fue publicado el 11 de mayo, en el Diario Oficial de la Federación, sus características de operación “”extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”, actores de la opinión pública declararon que no son claras las reglas de su implementación.

Por ejemplo, la asociación civil Mexicanos contra la corrupción, indicó que no es posible que las mismas fuerzas armadas se regularán y fiscalizarán ellas mismas, por lo que no es claro como operarán.

Las operaciones de las Fuerzas Armadas entraron en vigor desde el día 12 de mayo y concluirá hasta el 27 de marzo de 2024.

Para la CNDH no son claros los motivos por los que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador decidió utilizar a los militares para atender problemas de seguridad ciudadana, cuando no hay una lógica de última razón.

“Ante la indefinición podría establecerse un esquema permanente de participación de las fuerzas armadas en funciones de seguridad pública, hecho que es contrario a nuestra Constitución y dentro de ella, a las obligaciones internacionales que tiene el Estado mexicano en la materia”, declaró la Comisión.

Y es que la CNDH recordó que el Estado mexicano ha sido condenado en el pasado por los abusos e impunidad de las fuerzas armadas por actos de desaparición forzada de personas, asesinatos y ejecuciones extrajudiciales, violaciones sexuales, detenciones ilegales y tortura.

“El Acuerdo adolece de elementos concretos que garanticen el indispensable uso de la fuerza conforme al respeto y garantía de los derechos humanos”, insistió la Comisión.

Para finalizar, la CNDH insistió que es necesaria su fiscalización de las acciones de las fuerzas armadas en funciones de seguridad pública, por parte del Congreso de la Unión, la sociedad civil y órganos civiles competentes y autónomos.

 

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